La batalla interna en el PP por el autoconsumo trae un nuevo capítulo. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra el apartado 12 de la Ley de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de Murcia que fomenta el autoconsumo energético.
Era un secreto a voces que el Gobierno iba a acabar recurriendo la normativa, pero el PP esperaba solucionar el asunto antes de acudir al Tribunal Constitucional, algo que no ha sucedido finalmente. La oposición del ejecutivo regional al decreto de autoconsumo aprobado por el Ministerio de Industria ha sido la gota que ha colmado el vaso. El Gobierno no quiere que haya resquicio alguno sobre la normativa de autoconsumo que aprobó en octubre y como no ha conseguido que Murcia retire la normativa por las buenas, ha acabado por personarse en el Tribunal Constitucional.
Así lo aprobará este viernes en el último Consejo de Ministros del año 2015. Según ha podido saber El Periódico de la Energía, el Consejo de Ministros llegará a un acuerdo por el que solicita al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que interponga un recurso de inconstitucionalidad en relación con el apartado doce del artículo único de la Ley de la Región de Murcia 11/2015, de 30 de marzo, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética.
El marzo pasado, el diputado ‘popular’, Patricio Gómez, explicaba así el cambio normativo. “Los ciudadanos podrán generar su propia energía eléctrica para su propio consumo sin tener que pagar ningún cargo adicional a la compañía eléctrica”, ha subrayado, al tiempo que ha insistido en que “en caso de querer volver a conectarse a la red general por cualquier motivo, podrá hacerlo sin más coste ni pérdida de tiempo que accionar un interruptor”.
El apartado 12 del artículo uno dice lo siguiente, tal y como contó este diario en primicia:
“1. Las instalaciones previstas para el aprovechamiento de fuentes de energía renovables cuya finalidad sea la producción de energía eléctrica, sobre las que quede acreditado el consumo de la totalidad de la energía producida, así como la ausencia de conexión eléctrica con la red del sistema eléctrico, bien mediante el aislamiento físico o bien mediante medios técnicos que produzcan un efecto equivalente al mismo, podrán ser consideradas como instalaciones aisladas del sistema eléctrico.
2. Las instalaciones generadoras de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, y en particular las de tecnología solar fotovoltaica de pequeña potencia, previstas para el consumo instantáneo o diferido en las modalidades de autoconsumo reguladas en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, podrán considerarse como instalaciones de intercambio de energía. La cesión de energía producida por estas instalaciones al sistema eléctrico no llevará aparejada contraprestación económica alguna, estableciéndose por la consejería competente en materia de energía las compensaciones por dicha cesión, en términos energéticos, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones económicas establecidas por el Gobierno para la venta de energía no autoconsumida.
3. Por orden de la consejería competente en materia de energía se definirán las condiciones técnicas y administrativas que deberán cumplir las instalaciones para aprovechamiento y consumo directo de fuentes de energía renovables, para ser consideradas como aisladas del sistema eléctrico, así como para ser consideradas como instalaciones de intercambio de energía.”
Negociación
Dicho apartado era el principal cambio en la modificación de la normativa, con el que el gobierno murciano, por entonces del popular Alberto Garre, quería fomentar el autoconsumo en la región. Fue un golpe de efecto. Un movimiento electoralista, justo unas semanas antes de que se aprobara el definitivo borrador de decreto de autoconsumo.
Tras las elecciones llegó un nuevo Gobierno a Murcia, también de la mano del PP, con Pedro Antonio Sánchez a la cabeza. Entonces, el Partido Popular abrió el proceso para recurrir la normativa ante el Tribunal Constitucional. Tal y como contó este diario en exclusiva, el Gobierno abrió “unas negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con el apartado doce del artículo único de la Ley 11/2015″.
Nueve meses después de que se aprobara la norma, y tras no llegar a un acuerdo, Rajoy llevará a sus compañeros de partido ante el Constitucional. Está previsto que el argumento jurídico del Gobierno sea el mismo que ha utilizado en otras ocasiones, como por ejemplo en otros recursos contra CCAA por el fracking. Dicho argumento es que la política energética es competencia única del Estado y por tanto una CCAA no puede legislar al respecto.
